Page 117 - Redes, Estado, Empresa y Telecomunicaciones en Puerto Rico

servicios de la PRTC.18 Como ya hemos apun-
tado, con estas medidas se inició un cambio de
paradigma en que la titularidad y operación del
servicio telefónico, antes manejada por el Estado,
fue transferida a la empresa privada.19
La Ley Núm. 5 de 1990 dispuso garantías y me-
canismos para proteger los empleos, derechos
y beneficios adquiridos de los empleados de la
PRTC, pero desde temprano en 1990 el tema de la
venta de la PRTC provocó el rechazo de las unio-
nes de empleados de la PRTC y otros sindicatos
nacionales. Por ejemplo, la Central Puertorri-
queña de Trabajadores organizó un paro general
el 28 de marzo de 1990 y la Unión Independien-
te de Empleados Telefónicos y otros sindicatos se
unieron en un paro el 14 de enero de 1991.20 A la
luz de las propuestas recibidas y la oposición a la TELECOMUNICACIONES
transacción, el Gobierno de Puerto Rico decidió
paralizar la venta:
El jueves 23 de mayo de 1991 el gobernador
[Rafael Hernández Colón] envió un
mensaje especial a la Legislatura en el que
propone dejar sin efecto la proyectada
venta de la Telefónica. En él dice que el
mercado actual no es favorable a la venta
por $2,000 millones netos del sistema de
telecomunicaciones del gobierno y que los
compradores estadounidenses evidenciaron
precios menores en sus cotizaciones.21
Cabe mencionar que en el primer intento de
venta de los bienes de la ATPR participaron como
compradoras potenciales las empresas GTE,
Bell South y Telefónica Internacional Sociedad
Anónima (TISA), que presentaron propuestas
conjuntas e individuales para adquirir la totali-
dad de los activos de la ATPR o de algunas de sus
subsidiarias. TISA expresó su interés en adquirir
en solitario a Telefónica Larga Distancia (TLD), la
subsidiaria de PRTC para llamadas interestatales e
internacionales. En 1992 la ATPR y Telefónica de
España acordaron la venta de TLD a TISA por $141
millones. Esta transacción ocurría a tres años de
haberse finalizado la implantación del programa
de Acceso Igual, en el que TLD se mantuvo como
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la empresa líder en el segmento de llamadas inte-
restatales e internacionales. En la transacción de
venta de TLD, la ATPR y TISA crearon dos empre-
sas mixtas: Telefónica Larga Distancia de Puerto
Rico, Inc. (TLDPR) y Telecomunicaciones Ultrama-
rinas de Puerto Rico, Inc. (TUPR). TISA mantuvo
el 81% y la ATPR el 19% de las acciones comunes
de TLDPR. Por otra parte, ATPR mantuvo el 85.1%
y TISA el 14.9% del capital social de TUPR. Esta úl-
tima daba a TLDPR el servicio de acceso al punto
de amarre con el cable submarino, a una estación
terrestre y a las frecuencias asociadas a satélites
o microondas en territorio norteamericano.22
2.3
COMISIÓN REGULADORA DE
Antes de 1990, las solicitudes para aumento en
las tarifas de telefonía se radicaban en la división
de Empresas Diversas de la Comisión de Servicio
Público. Con la Comisión Reguladora de Teleco-
municaciones (CRT), se creó la primera entidad
reguladora específicamente para las telecomu-
nicaciones en Puerto Rico. Su nacimiento está
relacionado, como se dijo, con el primer intento
de privatización de la PRTC, en 1990, que buscaba
reducir la inversión estatal para dirigirla a otros
sectores, pero salvaguardando el interés público
a través de una nueva entidad reguladora. Según
la exposición de motivos de la Ley Núm. 63, de 23
de agosto de 1990, que dispuso los poderes, or-
ganización y financiamiento de la CRT, el Estado
viene obligado a crear las estructuras
reguladoras requeridas para promover el
máximo grado de competencia en aquellos
renglones de servicio en que la tecnología
lo permita y el mercado lo propicie, y
garantizar la protección máxima del interés
público en aquellos otros renglones en que
por razones económicas, tecnológicas o de
otra índole no existe competencia efectiva
en la presentación del servicio.23
El Estado reconoció en la ley que, para facili-
tar una transacción del tipo y escala propuestos,
se necesitaría definir el marco regulatorio de