Page 121 - Redes, Estado, Empresa y Telecomunicaciones en Puerto Rico

referida ley disponía además un convenio
entre la CRT y el Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO) para que a través de esta úl-
tima se tramitaran las querellas presentadas por
los consumidores. El convenio establecía la crea-
ción de una oficina de enlace en la Comisión, con
recursos especializados. No obstante, el poder
legal para solucionar las querellas de los consu-
midores residiría en la CRT.
La CRT comenzó sus actividades en 1991. En este
punto cabe mencionar que la existencia de la CRT
estaba supeditada a la venta de los bienes de la
ATPR. La Ley Núm. 5 de 1990 disponía en el Artí-
culo 16 su derogación automática. Esta afirma:
La autorización para la venta del sistema
de comunicaciones que se dispone
en esta ley deberá consumarse en un
término de dos (2) años a partir de la
fecha de aprobación de la misma. De no
efectuarse la venta durante el término
indicado, se entenderá derogada esta ley
al vencimiento de dicho plazo.
Al no materializarse la transacción de venta de
la Autoridad de Teléfonos y debido al cambio
en los poderes ejecutivo y legislativo como re-
sultado de las elecciones de 1992, la CRT se vio
obligada a justificar una jurisdicción limitada en acuerdos de acceso e interconexión y la protec-
el naciente mercado de la telefonía móvil y los
radiolocalizadores. En este punto, el Ing. Hiram
Puig, presidente de la CRT afirmó entonces:
La Compañía [sic] de Teléfonos, por su
parte, rechazaba y rechaza la jurisdicción
de la CRT y continúa funcionando en
un rol dual claramente conflictivo
(aunque en manos del gobierno), ya
que se entiende a sí misma como
regulador, cuando es competidor de
todas las compañías privadas que
presentan servicios de telefonía y que
se ven obligadas a interconectar con la
red de telefonía para la prestación de
dicho servicio. Independientemente
del momento histórico en que se crea
la CRT y las razones para ello, hoy nos
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vemos obligados a examinar, a los fines de
proceder con la mayor responsabilidad, el
momento histórico ahora que se interesa
eliminarla. Ello implica necesariamente
preguntarnos qué función haría la CRT
en un escenario en que la Compañía de
Teléfonos pertenece al gobierno, pues
partimos de la premisa de que la decisión
de su eliminación está predicada sobre
la decisión del gobierno de no intentar
nuevamente la venta de la Compañía de
Teléfonos. Entendemos que la CRT es una
entidad gubernamental cuya función sobre
la industria telefónica no depende de que
los activos de la Compañía de Teléfonos
estén o no en manos del gobierno.33
Con la paralización de los planes de venta de la
PRTC, varias medidas relacionadas con la pri-
vatización de la Autoridad de Teléfonos serían
derogadas o su período de vigencia expiraría.
Durante el primer término del gobernador Pedro
Rosselló González (1993-1997), la Ley Núm. 68, de
9 de agosto de 1993, derogó la Comisión Regula-
dora de Telecomunicaciones y transfirió todos
sus servicios y funciones a la Comisión de Servi-
cio Público.34
La regulación del mercado, la promoción de
ción de los derechos de los consumidores son
algunos de los temas principales de la legislación
que dio paso a la Comisión Reguladora de Tele-
comunicaciones en 1990, y también serían temas
para la creación de la Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones de Puerto Rico en 1996.
2.4
EMPRESAS, UNIONES DE
TRABAJADORES Y GOBIERNO
EN LA CREACIÓN DE LA JUNTA REGLAMENTA-
DORA DE TELECOMUNICACIONES DE PUERTO
RICO (LEY NÚM. 213 DE 1996)
Una mirada al período 1995-1997 nos sitúa en una
coyuntura de importantes cambios en el marco
jurídico del mercado de las telecomunicaciones.
La aprobación de la Ley Federal de Telecomuni-